El Tribunal Oral Federal 2, responsable de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por fraude en la administración pública en el caso Vialidad, se encuentra a la espera de un fallo determinante de la Corte Suprema de Justicia para proceder con la ejecución del embargo de activos por un valor de $685.000 millones, un importe que fue ratificado por el máximo tribunal esta semana. Dicha disposición compromete de forma solidaria a la exmandataria, a Lázaro Báez y al resto de los sentenciados en la causa, abriendo además una disputa por 19 inmuebles traspasados a sus descendientes, Máximo y Florencia Kirchner.
Hacia mediados de mayo, los magistrados solicitaron formalmente al máximo tribunal del país que aclare si alguno de los patrimonios confiscados tendrá como destino el uso del propio Poder Judicial, el del Consejo de la Magistratura, o si por el contrario es factible dar inicio a la subasta pública. Mientras aguardan esta respuesta en los despachos de Comodoro Py 2002, la Corte tiene asimismo la tarea de resolver si admite o rechaza los recursos de queja directos introducidos por los abogados de CFK, Báez y los demás implicados, quienes buscan frenar la incautación ya avalada sobre 111 bienes, al tiempo que el tribunal evalúa un grupo adicional de activos requeridos por el fiscal Diego Luciani.
El encargado actual de supervisar la ejecución de la pena de seis años de cárcel impuesta a la exjefa de Estado, Rodrigo Giménez Uriburu, especificó en su requerimiento a la Corte que ciertos inmuebles podrían asignarse a dependencias de la justicia federal, emplearse en programas con impacto social en la provincia de Santa Cruz epicentro geográfico de los ilícitos ventilados en el proceso o, en su defecto, ingresar a un remate abierto al público.
En lo que respecta puntualmente a Cristina Kirchner, las acciones inmediatas recaen sobre 19 propiedades registradas a nombre de sus hijos Máximo y Florencia: se trata de 10 departamentos, un par de viviendas ubicadas en Río Gallegos y diversos terrenos situados en Lago Argentino, dentro de la provincia de Santa Cruz.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la legitimidad de esta incautación en abril pasado. La resolución judicial determinó que «la confiscación puede alcanzar activos que estén en posesión de terceros no sentenciados cuando estos hayan obtenido dichos bienes de origen delictivo de manera gratuita, contemplando incluso los traspasos por herencia». En el dictamen, el juez Gustavo Hornos aclaró que el objetivo de esta acción no consiste en sancionar a los titulares actuales, sino en restituir al Estado las propiedades vinculadas con las prácticas de corrupción ya juzgadas, una postura que aún enfrenta una apelación directa bajo estudio en la Corte.
La nómina inicial de propiedades fue confeccionada por el fiscal Diego Luciani e incluye 111 inmuebles pertenecientes a Lázaro Báez, Cristina Kirchner y las 19 unidades legadas a sus hijos, todas ellas adquiridas en el lapso comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. En paralelo, existe un segundo lote patrimonial asociado a las firmas Los Sauces y Hotesur bajo revisión de la justicia, donde se localizan el departamento de la calle San José 1111 donde la expresidenta se encuentra en prisión domiciliaria y la emblemática residencia familiar de Río Gallegos.