Existen situaciones que sobrepasan los límites de la lógica y la moral en el ámbito de la gestión pública. Cuando los ciudadanos confían el desarrollo y la protección de su entorno a los mandatarios locales, lo mínimo que se espera es una planificación seria y un uso transparente de los recursos. Sin embargo, un reciente despliegue periodístico en las zonas balnearias más conocidas del país ha dejado al descubierto un escenario desolador que mezcla la desidia con sospechas de enormes desvíos financieros.
El equipo de investigación liderado por Luis Majul en su programa La Cornisa realizó una exhaustiva cobertura en el Partido de la Costa, detectando maniobras sumamente polémicas. Durante el recorrido, los reporteros evidenciaron el malestar extremo de una comunidad que observa cómo su patrimonio se desvanece ante la inacción oficial, mientras se destinan millonarias sumas a estructuras de contención inservibles. Se documentó, por ejemplo, una supuesta defensa costera hecha con postes de madera y plásticos que costó 35 millones de pesos y que fue arrasada por completo en la primera sudestada.
Para entender el trasfondo de esta alarmante realidad, la periodista Agustina Girón se sumó al análisis aportando datos clave sobre el entramado político de la región. El foco de la tormenta se centra en el clan familiar de los De Jesús (Juan Pablo de Jesús y su padre), quienes se han alternado en el poder municipal desde el año 2003. La indignación crece al contrastar el abandono de la infraestructura pública con el ostentoso estilo de vida y los presuntos vínculos delictivos de estos dirigentes, quienes han sido señalados por la justicia en causas de corrupción de gran envergadura.
Llegando al núcleo de esta investigación, el misterio y la verdadera gravedad del asunto quedan al descubierto: Juan Pablo de Jesús está siendo investigado formalmente por la justicia como presunto testaferro de Martín Insaurralde, el cuestionado político envuelto en escándalos de suntuosos gastos y lavado de dinero. Mientras los tribunales indagan sobre los viajes de lujo y las costosas propiedades de estos funcionarios, el verdadero drama lo sufren los habitantes de la costa, cuyas viviendas se están desmoronando de forma literal y cayendo hacia el océano debido a la destrucción de los médanos naturales para habilitar lucrativos negocios inmobiliarios.
La crisis habitacional y ambiental se agrava por el impacto de una legislación defectuosa: la ley provincial 14.664 sancionada en 2014. Esta normativa contemplaba la expropiación de 324 inmuebles en peligro inminente para salvaguardar a las familias. No obstante, la ley se diseñó deliberadamente con un error fatal: estableció que el costo de las indemnizaciones debía ser cubierto íntegramente por las arcas municipales, una carga financiera absolutamente imposible de asumir para la administración local, lo que convirtió a la ley en una promesa política vacía sin aplicación real.
Ante las cámaras, la desesperación de los pocos residentes que aún resisten en el lugar es desgarradora, conviviendo a diario con carteles municipales que advierten sobre el riesgo mortal de derrumbe. Al ser consultado por los cronistas, el secretario de Infraestructura local, Walter Natalicia, se limitó a justificar la inacción argumentando que el municipio carece por completo de presupuesto para obras de tal magnitud y que la provincia jamás giró los fondos solicitados. Esta compleja trama expone una vez más los nocivos efectos de la corrupción en la gestión pública, donde las consecuencias del enriquecimiento ilícito de los gobernantes terminan siendo pagadas por los ciudadanos con la pérdida total de sus hogares.