Un debate de fondo ha comenzado a cobrar fuerza en la región, impulsado por decisiones geopolíticas de peso que buscan definir a quién le pertenece realmente la superficie en zonas de alto valor estratégico. En un contexto marcado por la disputa entre la autonomía de las provincias y la atracción de capitales, han empezado a surgir firmes medidas legislativas orientadas a resguardar los recursos locales. Esta encrucijada legal sobre el acceso al territorio genera posturas encontradas entre diferentes niveles del Estado y sectores sociales de la Patagonia.
La discusión adquiere una urgencia particular debido a ciertos diagnósticos que muestran la magnitud del patrimonio que ya no está en manos locales. Diversos estudios e informes territoriales han puesto el foco en zonas sensibles como el departamento Lácar, cerca de San Martín de los Andes, revelando que más de la mitad de su superficie se encuentra bajo el dominio de inversores internacionales. Ante esta radiografía, las autoridades provinciales decidieron que era momento de trazar un límite normativo claro para frenar la constante enajenación del suelo.
Fue bajo ese escenario de alerta que la máxima autoridad ejecutiva de Neuquén presentó un proyecto de ley para modificar la normativa provincial y garantizar que las tierras fiscales de la jurisdicción solo puedan ser vendidas a personas físicas o jurídicas argentinas. La propuesta busca reformar la Ley Provincial 263 para orientar la adjudicación exclusivamente a emprendimientos turísticos, ganaderos o productivos locales. De esta forma, el gobierno provincial sienta su postura formal: la titularidad del territorio no se transfiere a capitales extranjeros, protegiendo la soberanía mediante la figura de las concesiones.
El modelo institucional que respalda esta decisión imita el esquema que la provincia ya aplica exitosamente en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, donde el Estado neuquino mantiene el dominio originario del suelo mientras otorga licencias de explotación a las empresas. Este criterio de «blindaje territorial» busca consolidar la seguridad jurídica y la defensa del federalismo. Mientras tanto, en el Congreso Nacional se discute la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el oficialismo federal para desregular la venta de campos a extranjeros, aunque el articulado que llegará al recinto terminó reconociendo la potestad constitucional de cada provincia para definir su propio régimen de tierras.
Paralelamente al resguardo territorial frente a capitales internacionales, la gestión provincial avanza en la regularización dominal interna para sus habitantes. Mediante iniciativas enfocadas en la entrega de escrituras a pequeños productores y familias campesinas, ya se han solucionado miles de situaciones dominiales históricas, acompañadas por programas de exenciones impositivas y estabilidad fiscal diseñados para atraer inversiones productivas con reglas claras para la industria local.
Finalmente, el debate nacional sobre la propiedad privada sumó una voz crítica de peso dentro de la propia Patagonia. A través de la Pastoral Social regionales, la Iglesia Católica emitió un contundente pronunciamiento en el que rechazó la flexibilización de la tenencia de campos promovida por el Poder Ejecutivo Nacional. Invocando la Doctrina Social de la Iglesia y el principio del «destino universal de los bienes», los obispos de la región advirtieron que la tierra no debe quedar sujeta a la especulación financiera ni a la concentración desmedida de recursos naturales, instando a los legisladores a priorizar el bien común y el acceso equitativo al suelo.