En el agitado tablero de la política argentina, cualquier intento de tocar las reglas del juego democrático desata tempestades de inmediato. Cada movimiento en la normativa de los comicios genera reacciones viscerales en los despachos de la dirigencia, donde oficialismo y oposición miden milimétricamente el impacto que una reforma puede tener en sus chances de supervivencia en las urnas.
Las tensiones vienen escalando a medida que la administración nacional acelera el tratamiento de su agenda legislativa. En el centro de la escena se encuentra la revisión de las herramientas institucionales que durante más de una década organizaron las candidaturas en todo el país. Para la política tradicional, la posibilidad real de desactivar estos mecanismos representa un temblor de escala mayúscula.
El clima de confrontación alcanzó su punto de máxima ebullición durante una reciente presentación pública en la gobernación bonaerense. En ese marco, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof y una de las espadas de mayor confianza del mandatario, cruzó la raya del discurso habitual al calificar directamente como un «delito» el proyecto impulsado desde Balcarce 50 para archivar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El fuerte exabrupto del funcionario dejó al descubierto los nervios de punta que recorren los pasillos de La Plata. Desde la mirada del peronismo provincial, pretender modificar el esquema normativo a pocos meses de la contienda no es más que una jugada de especulación pura, pensada para fragmentar a las fuerzas opositoras y dinamitar su capacidad de armado territorial.
Frente al tono incendiario del reclamo, analistas y constitucionalistas no tardaron en poner paños fríos al asunto. Modificar o derogar un régimen de votación es una atribución soberana que se discute y vota en el Congreso Nacional, por lo que resulta un sinsentido hablar de ilegalidad en medio de un trámite legislativo ordinario. De hecho, varios sectores recordaron la habitual práctica de desdoblar elecciones provinciales según la conveniencia del caudillo de turno.
Más allá del cruce verbal y las chicanas de coyuntura, la disputa vuelve a exponer la fragilidad con la que los aparatos territoriales enfrentan los cambios de paradigma. Mientras la vieja política calcula costos, alianzas y presupuestos de campaña, la discusión de fondo sigue siendo hasta qué punto las reglas del juego deben amoldarse a los cálculos partidarios o a las demandas de un electorado agotado.
¿Tendrá el oficialismo nacional los votos necesarios en la Cámara Baja para sepultar definitivamente las primarias, o la presión de los gobernadores terminará frenando la iniciativa antes de llegar al recinto?