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El tablero político de la provincia de Buenos Aires volvió a crujir. Entre negociaciones a puerta cerrada y pases de factura que ya escalan al nivel de los principales despachos, la gestión bonaerense atraviesa días de máxima parálisis institucional. Lo que comenzó como un reclamo cruzado por partidas presupuestarias terminó abriendo una grieta en un engranaje operativo sensible, donde coinciden las arcas de la gobernación, los presupuestos de decenas de distritos y la caja de influyentes firmas del sector privado.
A medida que aumentan los roces internos de cara al calendario electoral, la discusión sobre el sistema informático de control vehicular cobró una dimensión impensada. Múltiples jefes territoriales decidieron apartarse de los esquemas que canalizaba la cartera de Transporte provincial, exigiendo la potestad de administrar sus propios radares. Detrás de ese movimiento no solo hay un reclamo por soberanía económica local, sino el temor fundado a quedar atrapados en investigaciones sobre el destino final de la caja recaudadora.
Durante años, la adjudicación de los contratos y la operatividad de los dispositivos de fotomulta corrieron por carriles poco claros. Sin embargo, la tensión estalló cuando consultores jurídicos advirtieron una irregularidad administrativa sistemática que compromete la validez de millones de actas emitidas. La normativa vigente exige de forma estricta que toda boleta lleve la validación expresa sea mediante rúbrica hológrafa o firma digital certificada de un agente público con competencia delegada, una garantía básica de debido proceso que habría sido obviada repetidamente por la autoridad de aplicación.
Las implicancias de este vicio formal resultan monumentales. De iniciarse un reclamo judicial coordinado o un aluvión de recursos administrativos invocando la ilegitimidad de las actas por falta de firma, la obligación de reembolsar o anular esos montos dejaría en jaque la tesorería de La Plata, asfixiaría las cuentas municipales y liquidaría los ingresos de las contratistas involucradas.
Frente a un riesgo fiscal capaz de paralizar el funcionamiento operativo de la administración pública, diversos actores políticos buscan apurar una salida de emergencia antes de que el frente judicial sea irreversible. En la Legislatura bonaerense comenzaron a circular borradores para reestructurar el modelo, estatizar la fiscalización y frenar el drenaje de fondos a intermediarios privados, en un intento desordenado por contener los daños.
El desenlace de esta pugna marcará no solo la supervivencia financiera de varios municipios en el corto plazo, sino también la reconfiguración de las alianzas en el oficialismo provincial, en momentos donde nadie quiere asumir el costo político de un fallo con efecto dominó.