La distancia digital en la mira: cuando la justicia pierde el cara a cara
Las decisiones judiciales en expedientes de alto impacto social suelen encender discusiones que van más allá de lo estrictamente legal. En el contexto actual de la Argentina, el uso de herramientas tecnológicas para llevar adelante procesos complejos reactivó un viejo reclamo sobre la igualdad ante la ley y las garantías de transparencia que exige la ciudadanía.
La adopción de audiencias remotas en causas donde se investigan delitos de corrupción trajo consigo un fuerte choque de posturas. Por un lado, se argumenta la celeridad de los plazos procesales; por el otro, diversos sectores entienden que la falta de presencialidad quita solemnidad al acto procesal y genera una sensación de distanciamiento privilegiado respecto del ciudadano común.
El malestar no surge solo del formato, sino de episodios previos donde la virtualidad permitió situaciones reñidas con el decoro institucional. Transmisiones desde lugares informales o actitudes impropias durante la lectura de imputaciones alimentaron la percepción de que la pantalla actúa como un filtro protector frente a la gravedad de las acusaciones.
El malestar escaló de forma determinante en las últimas horas tras un duro editorial en la pantalla de A24. El periodista Antonio Laje apuntó sin filtros contra el inicio del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, donde están imputados Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. El conductor tildó de «falta de respeto» que figuras de semejante peso político afronten un proceso por lavado de dinero mediante Zoom, evitando caminar por los pasillos de Comodoro Py.
La controversia se profundiza al considerar que las primeras jornadas del debate, enfocadas en la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, demandarán varias semanas bajo esta modalidad. El caso analiza maniobras de facturación millonaria vinculadas a empresarios de la obra pública, un entramado financiero que vuelve a colocar los negocios familiares de la exmandataria en el centro del mapa judicial.
Frente a este panorama, crece la presión mediática y social sobre los magistrados a cargo del tribunal. El debate ya no abarca únicamente la inocencia o culpabilidad de los procesados, sino las condiciones reales en las que se rinden cuentas en las instancias orales más trascendentes del país.
Resta definir si el tribunal mantendrá la flexibilidad técnica en las etapas decisivas del debate o si cederá ante la exigencia de presencialidad para las declaraciones indagatorias. La resolución que se tome fijará un antecedente clave en la relación entre el poder político, la tecnología y el sistema de justicia.