Detrás del discurso público y la retórica cotidiana sobre las cuentas gubernamentales, las decisiones de gestión suelen seguir carriles silenciosos que rara vez captan la atención mediática inmediata. En el ámbito provincial, donde las cuentas presupuestarias exigen equilibrio constante, las maniobras legales y administrativas buscan mitigar el impacto fiscal sin generar estrépito. Sin embargo, cuando los expedientes judiciales avanzan en los tribunales, los movimientos que intentaban mantenerse alejados del foco mediático terminan saliendo a la luz.
Las discusiones sobre los costos de los servicios esenciales venían marcando la pauta de los últimos meses, con cruces mediáticos permanentes respecto al impacto en el bolsillo de los hogares. Mientras se señalaban las políticas impulsadas a escala nacional, en los tribunales locales se tramitaba un recurso crucial que definiría el futuro de la facturación en el territorio bonaerense. Ninguna de las partes involucradas preveía que el fallo definitivo se resolvería con tanta rapidez ni que desataría un temblor político.
El quiebre del hermetismo se produjo cuando trascendió que la gestión de Axel Kicillof apeló la medida cautelar que mantenía congelados los aumentos de luz, logrando que la Justicia avalara la aplicación del nuevo esquema tarifario en toda la provincia de Buenos Aires. En lugar de absorciones presupuestarias o modificaciones en las estructuras del Estado, la Fiscalía de Estado prefirió sostener la vigencia de los incrementos solicitados por las empresas distribuidoras, dejando vía libre para actualizar las facturas de electricidad a los usuarios bonaerenses.
El recorrido técnico en la provincia se inició en septiembre, cuando el juez Agustín López Cópola, desde la sede judicial de Bahía Blanca, dio lugar a un amparo de la Defensoría del Pueblo para frenar las subas. A los pocos días, los apoderados de la provincia recurrieron la decisión ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, tribunal que le otorgó efecto suspensivo a la apelación y posibilitó que, a partir del 15 de octubre, las distribuidoras retomen el cobro con el cuadro tarifario completo.
Las repercusiones de este movimiento judicial se trasladaron de inmediato al plano político, desencadenando cruces de alta intensidad entre dirigentes de la propia coalición de gobierno. La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, utilizó las redes sociales para manifestar su desconcierto y cuestionar la decisión, dejando al descubierto la desconexión interna respecto al rumbo económico y las duras críticas compartidas por la aplicación de tasas e impuestos locales.
Este desenlace reabre la polémica sobre el método para fijar los valores de la energía, la vigencia de las audiencias públicas previas y el verdadero margen de maniobra financiera que disponen las provincias en el contexto actual. Queda por ver cómo responderán los juzgados ante nuevas presentaciones y qué margen de contención otorgará la gestión frente a un escenario social cada vez más ajustado.