El servicio de colectivos en la provincia de Buenos Aires enfrenta una crisis estructural que sobrepasa el clásico reclamo por tarifas, frecuencias o estado de las unidades. En los últimos meses, las líneas que cruzan los distritos más poblados de la Tercera y Primera Sección Electoral registraron un fenómeno que encendió las alarmas de los empresarios del sector y del propio Ministerio de Transporte: una presencia desmedida de pasajeros que viajan sin pagar el boleto amparándose en el régimen de franquicias gratuitas.
Choferes e inspectores coinciden en que la situación cotidiana en la puerta de entrada de las unidades es insostenible. En recorridos clave que unen municipios periféricos con las cabeceras de tren o la Ciudad de Buenos Aires, el flujo de usuarios con credenciales de libre tránsito se incrementó a niveles insólitos. La incapacidad operativa para corroborar la autenticidad de los carnets genera cruces constantes al momento de validar el viaje, convirtiendo la rutina del transporte público en un foco de permanente fricción.
El quiebre del sistema: entre la exención y la falta de control
Las franquicias tarifarias fueron concebidas normativamente como un instrumento de equidad social para garantizar la movilidad de personas con discapacidad o cuadros de salud complejos. Sin embargo, la falta de cruce de datos entre las carteras de Salud y Transporte nacional y provincial derivó en una brecha fiscal de proporciones opacas.
Fuentes del sector de colectivos estiman que en los trayectos más conflictivos cerca de la mitad de las personas a bordo se desplazan exhibiendo plastificados, fotocopias o credenciales emitidas sin respaldos clínicos auditables. Ante la imposibilidad técnica de escanear o validar en tiempo real cada pase frente a la lectora de la tarjeta SUBE, los conductores optan por autorizar el paso para evitar demoras en la frecuencia o agresiones verbales.
Fue en medio de esta creciente alarma gremial e industrial cuando la discusión pública estalló a escala nacional. La filtración mediática de un certificado de discapacidad otorgado a la exdiputada nacional y exparticipante del reality Gran Hermano, Romina Uhrig tramitado durante el mandato municipal de su expareja, Walter Festa, en el partido de Moreno terminó por visibilizar ante la opinión pública el funcionamiento interno de estas franquicias y los criterios con los que se otorgaron durante años en dependencias locales.
Este caso puso en evidencia la vulnerabilidad de las juntas evaluadoras municipales y aceleró el reclamo de una fiscalización integral sobre los padrones vigentes en el Gran Buenos Aires.
El costo para las arcas públicas y el reclamo de normalización
El impacto financiero del fenómeno es doble. Por un lado, las empresas concesionarias perciben compensaciones estatales calculadas sobre la masa global de viajes gratuitos, lo que incrementa la presión sobre los subsidios en un contexto de restricción presupuestaria. Por el otro, el mal uso generalizado de estas franquicias termina estigmatizando y perjudicando a los usuarios que realmente necesitan la gratuidad del pasaje para acceder a tratamientos médicos o cumplir sus actividades diarias.
Frente a esta situación, agrupaciones de usuarios, referentes políticos de la oposición bonaerense y Cámaras del transporte exigen acelerar la nominalización estricta de la tarjeta SUBE vinculada de forma unívoca al Documento Nacional de Identidad del beneficiario legítimo. La medida busca sustituir definitivamente el pase físico o plastificado por una validación digital que impida la clonación y permita transparentar de manera definitiva el destino de las partidas presupuestarias.