El tablero judicial cordobés acaba de moverse con una jugada tan agónica como previsible dentro de los manuales de los tribunales penales. Cuando la fase de instrucción parecía una línea recta hacia el debate oral, la causa por el estremecedor episodio que sacudió al barrio Cofico sumó una pieza de fricción que alteró los ánimos tanto en los pasillos de Tribunales II como en las redacciones periodísticas.
Durante semanas, el pulso informativo estuvo marcado por el hermetismo de los expedientes y el clamor social de una comunidad que no termina de asimilar la crudeza de los hechos. Las querellas y las defensas venían midiendo fuerzas con declaraciones medidas, preparando el terreno para lo que será una confrontación de pruebas durísima ante el tribunal. La expectativa crecía conforme se acercaba el momento de definir las fechas del juicio, un escenario donde seis personas cargarán con el peso de acusaciones extremas, incluyendo la figura de homicidio triplemente calificado.
En medio de este clima de tensa calma procesal, el principal imputado decidió romper un prolongado silencio respaldado por un enroque en su estrategia letrada. Ese quiebre en la postura defensiva alteró el tablero al instalar una línea argumental que apunta de manera directa contra el círculo íntimo de la víctima, deslizando hipótesis sobre presuntos móviles económicos y deudas que la fiscalía ya había archivado en los primeros tramos de la investigación.
Para los investigadores que trabajaron codo a codo en el armado de la causa, este movimiento no representa más que un manotazo de ahogado técnico. Los peritajes científicos, el entrecruzamiento de llamadas, los registros fílmicos de la zona y la rigurosidad del material genético recolectado conforman un bloque probatorio sólido que, según fuentes judiciales con acceso al expediente, reduce al mínimo cualquier margen para relatos exculpatorios improvisados.
El cuadro de situación delineado por el fiscal Raúl Garzón deja poco espacio para las sorpresas técnicas de cara al debate oral. Los imputados enfrentan cargos de máxima gravedad que contemplan la pena perpetua, y la discusión legal ya no pasa por la existencia material del hecho, sino por el grado de participación individual que le cabrá a cada uno de los seis detenidos en el banquillo.
La jugada del acusado desnuda, en definitiva, la desesperación típica de quien enfrenta un escenario con escasas salidas jurídicas viables. Mientras la oficina correspondiente define el calendario para las audiencias públicas, la causa entra en su cuenta regresiva definitiva, con las familias de las víctimas sosteniendo el pedido de justicia y un tribunal que tendrá la última palabra frente al rigor de las pruebas.