Comodoro Py vuelve a convertirse en el epicentro de la tensión política y judicial del país. En las últimas horas, una serie de expedientes y reconstrucciones documentales reactivaron el interés público sobre una de las causas por presunta corrupción con fondos públicos más extendidas de la historia reciente.
El clima dentro y fuera de los tribunales se percibe denso. Entre los pasillos judiciales se habla de una maniobra probatoria que busca torcer el rumbo de los alegatos y redefinir el nivel de responsabilidad de los principales imputados en la trama.
Analistas y equipos defensivos seguían de cerca los movimientos en la sala de audiencias, conscientes de que el material incriminatorio bajo reserva guardaba elementos capaces de alterar el cronograma del proceso.
El eje central del giro judicial descansa en las conversaciones privadas entre el ex chofer Oscar Centeno y su expareja, Hilda Horovitz. En esos intercambios digitales, los reclamos de dinero revelan la trastienda del reparto: Horovitz le recriminaba haber recibido apenas «migajas» mientras por las manos de Roberto Barata y sus operadores circulaban bolsos con sumas millonarias.
Ante la contundencia de estos diálogos, el Ministerio Público Fiscal busca consolidar su hipótesis de asociación ilícita, utilizando la consistencia entre las fechas de los chats y los recorridos documentados en las anotaciones originales.
Por su parte, las defensas técnicas ultiman presentaciones para cuestionar la validez procesal de las filtraciones, argumentando vicios en la obtención de la prueba y buscando restar impacto al testimonio en esta etapa definitiva del debate oral.
El expediente suma así un capítulo crucial donde la fractura de un vínculo personal termina exponiendo los hilos de una red de complicidades que aún mantiene en vilo al poder político argentino.